La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) marca un hito crucial para el sector energético en España. En un fallo que despeja la inseguridad jurídica, el TJUE ha respaldado la legalidad de los procedimientos seguidos en Galicia para autorizar proyectos eólicos, una noticia muy positivamente valorada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que insta a una acción diligente para reactivar casi un centenar de proyectos paralizados en la región.
El pronunciamiento del Alto Tribunal Europeo confirma que los mecanismos de evaluación ambiental y participación pública, previamente cuestionados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, son totalmente compatibles con el derecho comunitario. Esta decisión no solo despeja la incertidumbre jurídica que había frenado el desarrollo de aproximadamente 2.500 MW eólicos, sino que también refuerza la credibilidad del marco legal para futuras inversiones en energías renovables. La paralización de un sector estratégico durante más de tres años ha generado un enorme coste social y económico, afectando gravemente a las empresas y, en particular, a la sociedad rural y la economía gallega.
Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, subraya que «esta resolución devuelve la confianza a los promotores, refuerza la credibilidad del marco legal y nos permite retomar con urgencia la senda del desarrollo eólico en Galicia». La reactivación de estos proyectos es esencial no solo para alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la UE, sino también para fomentar la creación de empleo cualificado e impulsar la industria de valor añadido en el entorno rural. Este avance es vital para la transformación energética de España, en línea con tendencias del sector como la expansión de aerogeneradores offshore o la hibridación con hidrógeno verde, que requieren un marco legal estable y predecible.
La importancia de esta sentencia trasciende lo regional, impactando directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al desbloquear la energía eólica, España avanza significativamente hacia el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), proporcionando acceso a fuentes de energía limpia y renovable. Del mismo modo, contribuye de forma decisiva al ODS 13 (Acción por el clima), mitigando el cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La comparativa es clara: mientras que entre 2020 y 2024 el conjunto de España instaló 6.000 MW eólicos, Galicia, con su vasto potencial renovable, apenas sumó 171 MW, una brecha que esta sentencia busca cerrar urgentemente.
Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), a quien se apela para que agilice la resolución de los procedimientos pendientes, priorizando el interés público superior que la legislación europea atribuye a las energías renovables. ¿Estaremos por fin ante el despegue definitivo de la energía eólica en Galicia, demostrando que la seguridad jurídica es el viento que impulsa la transición energética?
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