La Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebra hoy un hito crucial para el desarrollo energético del país: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que respalda la legalidad de los procedimientos seguidos en Galicia para autorizar proyectos eólicos, despejando así la significativa inseguridad jurídica que había paralizado casi un centenar de iniciativas renovables en la región.
El pronunciamiento del Alto Tribunal Europeo valida los mecanismos de evaluación ambiental y participación pública aplicados en la tramitación de los parques eólicos, que habían sido cuestionados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta decisión no solo despeja la incertidumbre jurídica, sino que también abre la puerta a la reactivación de un sector vital para la economía local y nacional. La paralización de casi un centenar de proyectos, que suman aproximadamente 2.500 MW de potencia, ha generado un enorme coste social y económico, frenando la inversión industrial ya comprometida y la creación de empleo en el entorno rural.
Galicia, poseedora de un vasto potencial renovable, se ha visto drásticamente rezagada en la instalación de eólica, con apenas 171 MW instalados entre 2020 y 2024, en contraste con los 6.000 MW que se han puesto en marcha en el conjunto de España durante el mismo período. Tal como subraya Juan Virgilio Márquez, director general de AEE: “Esta resolución devuelve la confianza a los promotores, refuerza la credibilidad del marco legal y nos permite retomar con urgencia la senda del desarrollo eólico en Galicia. No hablamos solo de energía competitiva, hablamos de empleo cualificado, industria de valor añadido, mejora del entorno rural, cohesión territorial y cumplimiento de compromisos climáticos.”
La reactivación de estos proyectos eólicos es fundamental para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este impulso directo a la energía limpia contribuye de manera decisiva al ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), al garantizar el acceso a fuentes de energía más económicas y sostenibles. Asimismo, la aceleración de la descarbonización del mix energético español refuerza el ODS 13 (Acción por el clima), combatiendo el cambio climático con una velocidad y escala sin precedentes. Visualmente, es como pasar de una ralentización exasperante a un avance dinámico que proyecta a la región hacia sus metas climáticas.
Ahora es imperativo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) agilice la resolución de los expedientes pendientes, priorizando el interés público superior que la legislación europea atribuye a las energías renovables. ¿Estamos preparados para actuar con la rapidez y responsabilidad necesarias para transformar este potencial en una realidad energética y económica, o permitiremos que nuevas interpretaciones jurídicas sigan frenando un sector estratégico para el futuro de España?
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