Galicia, una región con un potencial eólico inmenso que ha visto frenado su desarrollo, recibe hoy una noticia crucial: la Asociación Empresarial Eólica (AEE) celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que respalda la legalidad de los procedimientos para autorizar proyectos eólicos en la comunidad. Esta decisión es un punto de inflexión para el sector, que urge a las instituciones a actuar con diligencia para reactivar los casi un centenar de proyectos paralizados.
El fallo del Alto Tribunal Europeo disipa la incertidumbre jurídica que había bloqueado el progreso de la energía eólica en Galicia durante años. Se confirma que los mecanismos de evaluación ambiental y participación pública aplicados son totalmente compatibles con el derecho comunitario, despejando el camino para el desarrollo de un sector vital. La AEE enfatiza el enorme coste social y económico de esta paralización, que ha dejado a Galicia rezagada en la carrera de las renovables, con solo 171 MW instalados entre 2020 y 2024, en contraste con los 6.000 MW que ha sumado el conjunto de España en el mismo periodo. Esta situación ha frenado no solo la transformación energética, sino también la creación de empleo rural y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, subraya la importancia de esta resolución: «Esta resolución devuelve la confianza a los promotores, refuerza la credibilidad del marco legal y nos permite retomar con urgencia la senda del desarrollo eólico en Galicia. No hablamos solo de energía competitiva, hablamos de empleo cualificado, industria de valor añadido, mejora del entorno rural, cohesión territorial y cumplimiento de compromisos climáticos.» Ahora es imperativo que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) retome y agilice la resolución de los expedientes pendientes, priorizando el interés público superior que la legislación europea otorga a las energías renovables. Esto es crucial para desatascar los aproximadamente 2.500 MW de potencia eólica que se encuentran actualmente con recurso judicial en curso, abriendo la puerta a nuevas inversiones y facilitando el camino hacia tecnologías emergentes como los aerogeneradores offshore o la hibridación con hidrógeno verde.
La reactivación de estos proyectos eólicos en Galicia es un paso fundamental para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Contribuye directamente al ODS 7, Energía asequible y no contaminante, al garantizar un suministro energético más limpio y competitivo para la región. Asimismo, impulsa el ODS 13, Acción por el clima, al reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición hacia una economía descarbonizada. Este avance no solo fortalecerá la independencia energética local, sino que también posicionará a España como un actor clave en la lucha global contra el cambio climático, mostrando cómo la seguridad jurídica puede ser un motor para la sostenibilidad.
Esta sentencia no es solo una victoria legal, es una llamada a la acción para el futuro energético de Galicia y de España. ¿Estamos preparados para aprovechar este impulso y transformar el potencial en realidad, asegurando que la energía eólica siga siendo un pilar fundamental de nuestro camino hacia la sostenibilidad y la prosperidad económica? Es el momento de que todos los actores involucrados asuman su responsabilidad para que la energía del viento impulse, sin barreras, nuestro progreso.
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